El expediente acusatorio del Ministerio Público detalla que el exsenador de Azua y candidato a la misma posición por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Calderón, utilizó varios prestanombres para captar cuantiosos recursos de expropiaciones del Estado y usarlos en la campaña del excandidato Gonzalo Castillo.
Según la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), el acusado Edwin Oscar Brito Martínez, confeccionó y adulteró documentos, al propio tiempo hizo uso de documentos falsos, para así facilitar la obtención del pago a través de las ya conocidas cesiones de crédito ficticias en las cuales figuraba como beneficiario.
Indica el documento que una vez recibidos los fondos estos entraban dentro del esquema de repartición acordado, una parte para el exsenador Rafael Calderón Martínez y la otra para el exministro de Hacienda Donald Guerrero, cuyo destino final era el financiamiento de la campaña política de Gonzalo Castillo.
El acusado sirvió de prestanombre a Rafael Calderón Martínez, para recibir los pagos de soborno provenientes de las cesiones crédito firmadas como maniobra fraudulenta para el cobro de los porcentajes de sumas pagadas por el Estado por las expropiaciones de terrenos, para lo cual utilizó también a su esposa Mabel Sahina Mejía Citrón.
El expediente señala que el aspirante a volver al Senado representando Azua recibía decenas de millones de pesos en su residencia en el sector Ensanche Julieta, del Distrito Nacional, con miras a financiar la campaña de Castillo, que a final de cuentas, no consiguió el cometido, ya que perdió en los comicios de julio del 2020 del actual presidente y candidato a la reelección, Luis Abinader.
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) calificó a Calamar, el entramado encabezado por los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, como la operación de lavado más grande cometida en el menor tiempo posible en detrimento del patrimonio del Estado dominicano.
El expediente fue filtrado a los medios de comunicación, según fuentes de los abogados de los acusados. Hoy se entregó la acusación formal contra los exfuncionarios.
La acusación realizada por el Ministerio Público, que consta de más de 3,600 páginas, señala que Guerrero y Peralta solicitaron decenas de millones de pesos al ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez, y al éste indicar que no le era posible mover esas cantidades de dinero, por la Ley de lavado de activos, estos exfuncionarios, durante el período de transición gubernamental que solo fue de un mes y una semana, pusieron en marcha la operación.
Detalla el órgano acusador que durante el período de transición se ejecutaron los primeros pagos en efectivo, por unos 100 millones de pesos entregados en efectivo por el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, quien le informó al ingeniero Ventura que sería contactado para que realizara las entregas que complete el monto restante, inmediatamente fuera recibiendo los pagos de lo debido por la entidad.
“En ese sentido el ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez se puso en contacto con Andrés Guerrero, quien en ese momento era el contralor del Banco de Reservas, y acordaron que se harían cheques a nombre de los empleados de Bolívar Ventura Rodríguez, señores Luis Joaquín Feliz (encargado de transporte de las empresas de Ventura) y Jorge Cecilio Mena (chofer), y el procedimiento convenido fue hacer efectivo el dinero a través del canje de cheques en el Banco de Reserva ubicado en la José Contreras esquina Gral. Enrique Jiménez Moya, La Feria, Distrito Nacional”, señala el expediente acusatorio.
En el expediente de Operación Calamar, el órgano persecutor imputa a veinte personas de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
Además de Peralta y Guerrero, se vincula en la estafa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
